Comercio Córdoba pide que la Junta suspenda a Fernández de Mesa

La asociación pide a la institución tutelante de la Cámara que se cese también a todo el Comité Ejecutivo

El comercio de cercanía ha denunciado ante la Junta de Andalucía que se vulneraron los derechos de los vocales que pidieron un Pleno extraordinario de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba con la clara intención de evitar dar explicaciones sobre las irregularidades denunciadas por los medios de comunicación.

En un escrito firmado por el vocal Alfonso Alcaide y entregado hoy, se reclama a la Consejería de Turismo y Comercio que ejerza el papel de tutela que la Ley le adjudica al “haberse vulnerado el principio de funcionamiento democrático que recoge la normativa básica estatal”. Ello obliga, a su juicio, a la Administración tutelante, la Junta de Andalucía, “a suspender la actividad de la Presidencia y del Comité Ejecutivo al haberse trasgredido el

ordenamiento jurídico de forma grave y reiterada“.

La denuncia, aparte de facilitar una treintena de documentos sobre las denuncias de irregularidades que a lo largo de dos semanas aparecieron en los medios de comunicación, “que no han recibido respuesta al evitarse que el presidente de la Cámara, Ignacio Fernández de Mesa, su vicepresidente primero, Luis Carreto, y el resto del Comité Ejecutivo fuesen interpelados”, incorpora otras pruebas que demostrarían “la obstrucción del primero de ellos a la labor de los vocales, ya que negó a lo largo de enero y febrero pasado copia de las actas del Pleno y del propio Comité Ejecutivo al vocal que ahora suscribe la denuncia y evitó la presencia de los medios de comunicación en el Pleno extraordinario del 18 de marzo”.

“El truncamiento democrático producido en la Cámara se basa en el hecho de que se impidiese al vocal Rafael Bados, presidente de la Federación Provincial del Comercio Comercio Córdoba, formular la inmensa mayoría de las preguntas que deseaba plantear sobre las irregularidades denunciadas y ni uno de los acuerdos que iba a proponer al Pleno para obtener documentación sobre estos hechos”, señala la nota.

A juicio del comercio de cercanía, el hecho de que se votase una propuesta que no iba en el orden del día y se levantase la sesión sin haber abordado los puntos de la convocatoria supone “una vulneración de los derechos de los vocales de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, lo que ha impedido la posibilidad de aclarar las gravísimas denuncias vertidas sobre la gestión de su presidente, su vicepresidente, su tesorero y el resto de los miembros del Comité Ejecutivo, al tiempo que se ha inducido con esta actitud a la duda pública de la honorabilidad, credibilidad e imagen de la Corporación y del conjunto de sus integrantes”.

El escrito de Alcaide, que es vocal más votado en la historia de la Cámara, también pone de manifiesto que el hecho de que su propuesta de que la sesión fuese abierta a los medios de comunicación no fuese atendida sin ni tan siquiera haber sido respondida, “es una irregularidad más, sobre todo cuando se permitió la asistencia de dos personas que no forman parte del Pleno, Antonio Díaz, vicepresidente y secretario general de la CECO, y Antonio Caño, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Córdoba”.

La denuncia reclama a la Junta de Andalucía que tenga en cuenta la responsabilidad patrimonial en la que incurren aquellas personas que gestionan bienes y derechos de la Cámara por los daños y perjuicios que puedan causar a la Corporación por dolo, culpa o negligencia grave con infracción de la normativa vigente, según recoge la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio y Navegación, dado que las denuncias de las irregularidades realizadas por los medios de comunicación “de ser ciertas implicarían una extraordinaria gravedad”, pese a lo cual no ha habido posibilidad de comprobar lo contrario por la actitud de Fernández de Mesa y de los otros 25 vocales que votaron sin estar en el orden del día ni disponer de quórum el apoyo al presidente de la Cámara.